No más dicotomías

El actual contexto de hostilidad política en Colombia genera, con frecuencia, discusiones superfluas sobre la necesidad de elegir entre opciones que resultan igualmente malas y perversas para la institucionalidad. Con ello se evade la verdadera responsabilidad: hacer lo que conviene, no simplemente lo que corresponde.

Hasta hace apenas unos días, los personajes y organizaciones influyentes de la opinión pública debatían sobre el futuro de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033, ternado por la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de José Fernando Reyes. Una elección crucial, pues de ella depende el mantenimiento de la independencia de la alta corte en materia de constitucionalidad de las leyes y de protección de los derechos fundamentales.

Entre ruidos y nubarrones, el tema preponderante en los días previos a la elección fue evitar que ingresara a la Corte Constitucional una ficha más del presidente Gustavo Petro. Sus principales críticos y opositores denunciaron esa posibilidad al identificar a Patricia Balanta como “la candidata del gobierno”, destacando su apoyo por parte del Pacto Histórico —con algunas excepciones— y de sectores de los partidos de la U, Liberal y Verde. En contraposición, partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador, entre otros, respaldaron la candidatura del exdefensor del pueblo Carlos Camargo.

Analistas y expertos advirtieron que, si Balanta resultaba elegida, el equilibrio en la Corte Constitucional estaría en riesgo, como lo reseñó un artículo de Infobae. El oficialismo alcanzaría entonces el respaldo de cinco magistrados de los nueve que conforman la sala plena. Aunque lo deseable es que los magistrados actúen con independencia y ejerzan con integridad su magistratura, no puede ignorarse que la elección es, en esencia, un proceso político. Las ternas provienen de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, para que el Senado en plenaria elija a los magistrados de forma individual por un periodo de ocho años, como lo establece el artículo 239 de la Constitución. Si bien los requisitos de idoneidad son innegables, la decisión final siempre estará rodeada de controversias y denuncias sobre clientelismo político.

Estoy, por supuesto, de acuerdo con preservar el equilibrio de poderes en las altas cortes. Pero no con reducir la discusión a fantasmas infundados que ignoran la otra cara de la moneda. Resulta inaceptable que se priorice el equilibrio institucional mientras se dejan de lado denuncias realizadas por medios como Cuestión Pública sobre la estrategia clientelista presuntamente desarrollada por Carlos Camargo —desde su paso como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (2018-2020), como defensor del pueblo (2020-2024), hasta su elección del 3 de septiembre como magistrado de la Corte Constitucional—.

No sorprende que, durante su gestión como defensor del pueblo, Camargo presuntamente haya contratado familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes, paradójicamente, lo nominaron para la elección como magistrado de la Corte Constitucional. Así lo reveló La Silla Vacía. Este hecho abre una controversia jurídica alrededor del posible conflicto de interés a la luz del artículo 126 de la Constitución, que prohíbe expresamente el nepotismo, cuando un funcionario contrata a familiares de quienes luego lo postulan.

No podemos caer en el juego absurdo de elegir entre Satanás y el diablo. Esa lógica solo perpetúa las prácticas asqueantes de corrupción que mantienen a Colombia en el puesto 92 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. El clientelismo político, el nepotismo y demás formas de transgresión de la ley generan una profunda crisis de confianza en la democracia, en las instituciones y en las reglas de juego de nuestra sociedad. Tan importante es la independencia de los magistrados como la idoneidad de quienes ocupan esas sillas.

Por ello, invito a los ciudadanos a un ejercicio de lectura crítica de los titulares de prensa y, en la medida de lo posible, a ejercer la denuncia ciudadana frente a irregularidades y sospechas, tanto en autoridades locales como nacionales. No podemos seguir tolerando la falsa dicotomía de tener que elegir siempre el mal menor.